En los últimos años, han sido cada vez más los clientes e inversores que han puesto foco en el impacto que las empresas generan en los derechos humanos. 

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Estos requerimientos responden a los avances que se están llevando a cabo en el ámbito internacional y regional, principalmente desde la aprobación en 2011 de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos (en adelante, Principios Rectores) por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Se trata de un marco normativo global que permite a las empresas responder de manera eficaz a sus obligaciones en materia de derechos humanos y que plantea, entre otras cuestiones, la puesta en marcha de un sistema de debida diligencia.